lunes, 28 de febrero de 2011

“Por los defensores de los DDHH asesinados ¡no un minuto, sino todo el sexenio de silencio”: Gobierno mexicano


La tragedia interminable de la familia Reyes Salazar que suma la muerte de los hermanos Josefina, Rubén, Magdalena y Elías; de Julio César (hijo de Josefina) y de Luisa (esposa de Elías), ha conmovido a la opinión pública nacional e internacional; ha obligado al Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en México a expresar su "indignación y enérgica protesta"; ha llevado a Amnistía Internacional a exigir medidas de protección para el resto de la familia y ha motivado a varios países a ofrecer asilo a los sobrevivientes.
Solo el gobierno mexicano permanece inconmovible, reacio a ofrecer una explicación, ya no digamos a pedir perdón por su conducta negligente y permisiva equivalente a complicidad, ni mucho menos a encontrar y castigar a los culpables.
Este silencio del gobierno mexicano es tanto mas ominoso cuanto mas se recuerda, como señala el comunicado del Comité Cerezo México, que la lucha que emprendió la familia Reyes Salazar “fue y sigue siendo contra la militarización, contra el Estado-narco-paramilitar que utiliza en todo el territorio nacional a sujetos vestidos de negro, muy bien armados, que cuando detienen personas, ya sean éstas, delincuentes, población civil o luchadores sociales, cerca de retenes militares y policiacos o atravesándolos, se desvanecen en la nada, modus operandi criminal aprendido en Colombia y financiado por los Estados Unidos”.
No es casual que sean los mismos antecedentes de la ejecución extrajudicial de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, destacados defensores y promotores de los derechos indígenas en la región de Ayutla en Guerrero. Raúl y Manuel habían denunciado múltiples casos de violaciones a los derechos humanos por parte de elementos del Ejército mexicano y de los cuerpos policíacos, como actos de allanamiento, retenciones e interrogatorios ilegales en aquella región.
Según la Agencia EFE, al levantar el plantón que sostenían en la Cd. de México para arreglar el funeral de sus hermanos en Juárez, dos de las sobrevivientes de esta familia, Marisela y Olga Lydia, denunciaron aunque los tres nuevos asesinatos se enmarcan en una creciente ola de acoso sistemático a la familia por parte del Estado, no abandonarán su lucha por justicia.
"Así como esclarecieron la muerte del agente de Estados Unidos (Jaime Zapata, asesinado recientemente) así exigimos se esclarezca la muerte de todos nuestros hermanos", reclamó.
"Estamos -dijo Olga Lidia Reyes Salazar- con la frente en alto, somos luchadores sociales y defenderemos nuestra honorabilidad y por eso es que estamos dando la cara".
Una ejemplar actitud que merece el respaldo solidario de todo lo que haya de noble y solidario en este país.

viernes, 25 de febrero de 2011

¿Quien defiende nuestros derechos humanos cuando es la CNDH quien los viola?

La Hermana Consuelo Morales tiene en Nuevo León un bien ganado prestigio por su labor de muchos años al frente de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC).
Su enérgica defensa de los desdichados que sufren en prisión torturas antes que juicios imparciales, su reclamo dando voz a quienes lloran la desaparición de seres queridos a manos de alguno de tantos cuerpos de inseguridad del Estado, su denuncia pública de los riesgos de trasgresión de los derechos humanos por la creciente militarización de la vida pública en Nuevo León, entre otras muchas expresiones de su vida de compromiso y solidaridad, le han ganado el respeto de la ciudadanía que reconoce su labor… y el encono y la rabia de quienes acostumbran cobijarse con el poder de los cargos públicos para aplastar impunemente al pueblo sencillo.
Por esta razón, no han sido extraños los episodios de hostigamiento que en diferentes épocas han intentado detener, desviar o amedrentar a la Directora de CADHAC o sus colaboradoras(es) en su tarea de hacer valer los derechos humanos de quienes tocan sus puertas.
Lo que es una verdadera e ingrata sorpresa es venir a enterarnos que entre los denostadores de la labor de CADHAC no se encuentran sólo los gobernantes abusivos o los militares y policías prepotentes, sino también la mismísima Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que preside Raúl Plascencia Villanueva.
En efecto, la CNDH sufrió ¡por cuarta ocasión! el rechazo de la autoridad judicial a criminalizar la labor de CADHAC, al declarar el 22 de febrero de 2011 el Juez Segundo de Distrito en materia penal el no ejercicio de acción penal contra Leonel Jasso, defensor de derechos humanos y colaborador de CADHAC.
La CNDH inició el procedimiento a partir de una visita que el 27 de enero de 2009 el abogado Jasso realizó a las instalaciones de la Procuraduría General de la República en Nuevo León para verificar el cumplimiento de los derechos humanos de personas retenidas por el ministerio público federal. Para la celosa CNDH esto representó la comisión del delito de “usurpación de funciones”, a pesar de que en el libro de registro de la PGR quedó claramente asentado que el abogado procedía de CADHAC.
CADHAC prevé que la CNDH no cejará en su empeño que se extiende ya por más de dos años, de obstaculizar su labor, argumentando que “existen funciones que sólo tienen los visitadores adjuntos de la CNDH, como es la de presentarse en cualquier centro de reclusión durante la investigación de una queja para investigar cuantos datos fueren necesarios”, aberrante afirmación que coloca no sólo a CADHAC, sino a cualquier otra organización o persona defensora de derechos humanos como acreedoras del delito de “usurpación de funciones”, por lo cual ameritan ser perseguidas criminalmente.
Quienes conocemos en Nuevo León la labor de CADHAC, no podemos considerar que este acoso de la CNDH sea un acto inocente ni fallido; tiene todas las características de una torpe consigna que debe cesar. Junto con CADHAC consideramos que estos actos de la CNDH representan una grave amenaza para los defensores de los derechos humanos, por lo cual demandamos respete la labor de las organizaciones de defensa de derechos humanos y en particular, cese la obstaculización y la persecución que ha venido realizando en contra de CADHAC desde hace mas de dos años.

lunes, 21 de febrero de 2011

Audiencia de vista el 21 de febrero. El Derecho al servicio de los intereses de clase


El 21 de febrero inició una nueva etapa el juicio que se sigue como escarmiento contra un integrante de una radio comunitaria de México, Héctor Camero de Radio Tierra y Libertad, de Monterrey N.L, sentenciado a dos años de prisión por violación al Art. 150 de la Ley General de Bienes Nacionales, por "uso, aprovechamiento y explotación de un bien nacional sin permiso del Estado".
El juicio es una demostración práctica de la aplicación del Derecho al servicio de los intereses de clase. El Estado Mexicano, reacio a la crítica y las posibilidades del uso democrático de la radio como medio de expresión de las masas explotadas, recibe en su Tribunal de segunda instancia un proceso que el Juez de la primera ya condenó sin haber contestado los argumentos de la defensa.
El abogado defensor Sergio Méndez, de AMARC-México, por su parte, ha elaborado una argumentación jurídica orientada a echar abajo la argumentación que criminaliza al derecho de libertad de expresión de los comunicadores populares y sus radios, argumentación al servicio de quienes han sido permanentemente excluidos de la utilización de estos bienes supuestamente nacionales.
La argumentación de la defensa, que puede servir a muchos otros comunicadores que están en la mira del Estado, fiel vigilante de la mesa servida en favor del oligopolio propietario del espectro, se puede resumir así:
Resumen de la defensa:
1. El sentenciado no se ajusta al tipo penal, porque no obtuvo beneficio económico de la operación de la radio. La parte acusadora nunca pudo probar que se usó la radio con fines de lucro.
2. Además, para poder obtener beneficio económico, el sentenciado debía tener vínculo de propiedad o posesión de la radio. Quedó probado que la radio era propiedad de la comunidad, no del sentenciado.
3. La parte acusadora no pudo probar que el sentenciado haya puesto en peligro o haya dañado tangible o intangiblemente el bien tutelado.
4. Existe un empleo abusivo del derecho penal al aplicar una sanción corporal cuando existen sanciones administrativas que contempla la Ley Federal de Radio y TV que no implican privación de la libertad de los presuntos infractores.
5. La aplicación de una sanción penal en lugar de la administrativa es desproporcionada e innecesaria, pues viola el derecho de libre expresión del sentenciado y el derecho de información de los radioescuchas.

Por el contrario, las radios comunitarias brindan múltiples servicios a amplios sectores de la sociedad:
1. La Relatoría Especial para la Liberrtad de Expresión de la Comisión Interamericana de DDHH ha señalado que las radios comunitarias son medios que canalizan la expresión donde los sectores pobres tienen mayores oportunidades de acceso y participación; responden a las necesidades, intereses, problemas y expectativas de los sectores sociales relegados, discriminados y empobrecidos de la sociedad civil, por lo cual resulta inadmisible que a las radios comunitarias se les discrimine y se les reprima e inacaute arbitrariamente sus equipos. El empleo abusivo del derecho penal implica un medio indirecto de coartar la libertad de expresión de sus integrantes.
2. La Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y Expresión ha señalado que la radiodifusión comunitaria enriquece la diversidad de los medios de comunicación; enriquece la vida democrática de los países y fortalece la libertad de expresión; en lugar de ser discriminada y excluida, los Estados deben brindar las debidas facilidades para su operación.
3. La Oficina en México del alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, señala que las radios comunitarias en México enfrentan actos de discriminación y represión que coartan su libertad de expresión.
4. La Delegación Europea en México y diversas organizaciones de la sociedad civil como la Asociación Mundial de Radios Comunitarias han denunciado la problemática integral de discriminación, represión, persecución, criminalización y coartamiento de la libertad de expresión, por diversos mecanismos empleados por las autoridades mexicanas en perjuicio de las radios comunitarias; asimismo, han señalado las importantes contribuciones de estas radios a la vida democrática de México y han precisado su naturaleza como organizaciones surgidas de las bases sociales pobres, con un claro objetivo social y solidario.

Por todo lo anterior, la defensa solicita la revocación de la sentencia condenatoria contra Héctor Camero (actualmente libre bajo fianza), su absolución y libertad inmediata e incondicional.