martes, 25 de noviembre de 2014

Comunicado en relación a los asesinatos de estudiantes en Ayotzinapa




Partido Obrero Rojo

¡Proletarios de todos los países, uníos!
¡Proletarios de todos los países y pueblos oprimidos, uníos!

 Mty, N.L.; a 20 de noviembre de 2014.

COMUNICADO DEL PARTIDO OBRERO ROJO EN RELACIÓN A LOS ASESINATOS DE ESTUDIANTES NORMALISTAS DE AYOTZINAPA

Considerando:

1.- Que el secuestro, desaparición forzada y asesinato de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, fue y es un bárbaro crimen del Estado capitalista mexicano y una continuación de la política represiva de los Gobiernos municipal, estatal y federal en contra, no sólo de los estudiantes de Ayotzinapa, sino de todo el pueblo de Guerrero, uno de los más pobres del país;

2.- Que la inseguridad que sufre el pueblo de Guerrero a manos de los cuerpos oficiales del Estado (policías municipales, estatales, federales, el ejército y la marina) y de las bandas armadas de narcotraficantes, así como del sistema judicial corrupto, ha obligado a parte de la población a organizar sus propias fuerzas armadas populares, organizadas en la Coordinadora Regional de Policías Comunitarias para mantener la seguridad pública en sus territorios;

3.- Que la pobreza que sufre el pueblo de Guerrero, una de las más crudas del país sólo después de Chiapas y Oaxaca, es producto del régimen capitalista que predomina en México, en donde la clase dominante lo constituye la  burguesía nacional en su conjunto, quien ejerce su dominación a través del Estado, gobernado a nivel federal por uno de sus partidos, el PRI, y a nivel local y municipal por el PRI y otros como son el PAN, el PRD, la Nueva Alianza, el Verde, el PT, el Movimiento Ciudadano y próximamente Morena y otras yerbas), principalmente a través del engaño, la hipocresía y la falsedad, aunque por supuesto, sostenido en su columna vertebral que es el ejército regular y en la policía, que es el ejército de las ciudades, los cuales utiliza cuando le es necesario, es decir, cuando el engaño, la hipocresía y la falsedad no fueron convincentes, efectivos o suficientes para contener al pueblo trabajador;

4.- Que en el Estado de Guerrero se concentra una parte importante de los pueblos originarios, los cuales han padecido por más de quinientos años el exterminio, el saqueo, la explotación, la opresión, la pobreza, la discriminación, el desprecio, etc. en mucho mayor proporción que la población blanca o mestiza pobre, y que los estudiantes normalistas de Ayotzinapa son parte de la población indígena, con quienes la sociedad mexicana tiene un deuda histórica que debe y puede ser pagada ya;

5.- Que la lucha popular en Guerrero, incluyendo la lucha estudiantil ligada al pueblo, se ha ido intensificando y diversificando ante el agravamiento de la situación de las clases trabajadoras pobres, sobre todo de obreros y campesinos indígenas en todos los aspectos: económicos, sociales, políticos y militares;

6.- Que parte de la pequeña burguesía acomodada y de las capas medias de la burguesía guerrerense están inconformes, descontentas por el clima de inseguridad y de terror que viven en el estado y exigen, anhelan un cambio dramático en el aspecto de la seguridad, pero también en el aspecto económico, pues su situación privilegiada se ve amenazada debido al desarrollo y crecimiento capitalista, que implica una mayor concentración y centralización de capitales y por lo tanto, la ruina de los capitalistas pequeños y medianos;

7.- Que lo que sucede en Guerrero no es exclusivo de esta parte del país, sino que la situación es básicamente la misma en todo México y por eso, el salvaje crimen en contra de los estudiantes normalistas indignó profundamente a la enorme mayoría de la población pobre, y también a la intelectualidad burguesa y pequeñoburguesa que representa la ideología e intereses políticos y económicos de la parte más débil de la burguesía nacional (burguesía pequeña y mediana, no monopolista) con relación a los grandes capitalistas nacionales y extranjeros y que ahora tienen (la burguesía no monopolista) menos influencia en el Estado y quiere recuperarla para sus propios fines egoístas;

8.- Que lo sucedido en Guerrero refrendó y ahondó el gran desprestigio internacional que tiene México en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos y de las libertades democráticas, aislándolo aún más en este tema en los organismos mundiales, principalmente en la ONU;

9.- Que la clase obrera consciente, cuya expresión teórica  son los comunistas, en todo momento debe luchar contra las tendencias burguesas y pequeñoburguesas dentro del movimiento obrero y popular, que desvían o intentan desviar dicho movimiento, de su verdadero objetivo: la revolución política y social proletaria, única manera de resolver los graves problemas económicos, políticos y sociales que sufre la gran mayoría de la población;

10.- Que los comunistas y las personas democráticas consecuentes y progresistas debemos aprovechar este clamor del pueblo mexicano y de los pueblos del mundo  de justicia por lo sucedido los días 26 y 27 de septiembre en Iguala de la Independencia, en Guerrero, para impulsar y profundizar la lucha por la más amplia democracia y por el poder popular en México;

11.- Que el Estado, cuya administración principal está en manos  del gobierno federal encabezado por el Presidente Enrique Peña Neto, ha pasado de mantener la esperanza de que los normalistas secuestrados estaban vivos, como una manifestación concreta de su política general de engaños, hipocresía y falsedad hacia la población con el fin de hacerle creer que se preocupaba por la vida de los estudiantes asesinados, así como de evadir toda responsabilidad por este asesinato masivo, ahora ha pasado a la política de reconocer que ya están muertos y empieza a hablar o a difundir el rumor de indemnizar a los familiares de las víctimas, con el fin de dar por terminado el asunto, echándole tierra como los gatos y ofrecer migajas como indemnización;

12.- Que un movimiento democrático y/o revolucionario, para desarrollarse y triunfar, debe basarse en la verdad de los hechos, por dolorosos que éstos sean;

13. Que la consigna “vivos se los llevaron, vivos los queremos” no refleja la verdad de las cosas, sino que abriga la falsa ilusión de que los estudiantes están vivos, le quita contundencia, firmeza y dureza a la acusación de asesinato por parte del Narco-Estado, además de que facilita que el Estado se lave las manos en cuanto a su responsabilidad.

14.- Que, hasta ahora no se ha exigido una indemnización al Estado para las y los familiares de las víctimas, cosa que debiera ser como parte de la justicia que se busca ya que ésta no sólo debe consistir en castigar con severidad, con cárcel, a todos los culpables intelectuales y materiales, sino también en una reparación de daños y pago de perjuicios, que desde luego no le devuelve la vida a las víctimas, pero sí hará más llevadera la situación de sus familiares, además obliga al Estado-gobierno a reconocer que fue él quien los mató y para que no vuelva a hacerlo.

15.- Que el asesinato de los estudiantes normalistas es solamente una de las tantas injusticias, arbitrariedades, atropellos que cometen los capitalistas y su estado en contra del pueblo trabajador sencillo;

Resolvemos:

1.- Condenar enérgicamente el secuestro, desaparición y asesinato masivo de estudiantes luchadores democráticos y socialistas perpetrado por el Estado capitalista mexicano, exigiendo:

a) Encontrar sus restos mortales.
b) Castigo severo para los autores intelectuales y materiales de este atroz secuestro, desaparición y homicidio;

c) Una indemnización ejemplar para las y los familiares de las víctimas, como una parte integral de la justicia exigida, consistente en por lo menos en cinco millones de pesos como base por cada uno de los estudiantes  asesinados, además de una pensión mensual del equivalente a un ingreso medio de un maestro de primaria de Nuevo León a los padres, hasta su muerte; a sus esposas (hasta casarse) y/o a sus hijos (hasta la mayoría de edad o hasta terminar una carrera universitaria); una casa decente (con servicios, tres recámaras, dos baños, etc.).

3.- No andarse por las ramas y difundir la verdad de las cosas, es decir, que los 43 normalistas secuestrados y desaparecidos, ya están muertos, victimados bárbaramente,  asesinados por el Estado capitalista mexicano y partir de esta dolorosa verdad para combatir a este enemigo mortal del proletariado y del pueblo trabajador mexicano en general;

4.- Propagar entre el pueblo trabajador que solamente echando abajo al Estado y gobiernos capitalistas burgueses, en sus variadas presentaciones, sustituyéndolos por un Estado y Gobiernos de la clase obrera y de los campesinos pobres, instaurando la democracia para los explotados y la dictadura sobre los explotadores y sus lacayos, es decir, estableciendo la dictadura democrática de obreros y campesinos pobres, se podrán tomar todas las  medidas económicas, políticas y sociales para cambiar radicalmente el país en favor de los desposeídos, de los desheredados, de los explotados, construyendo así  el socialismo proletario.

5.- Que hasta en tanto se acumulen las fuerzas necesarias y suficientes para realizar esta revolución política, económica y social, exigir de manera inmediata, que para resolver el grave problema de la inseguridad pública se creen, por Ley, las milicias populares, basadas en el servicio social obligatorio de todos los ciudadanos de 18 a 60 años de edad por una semana o quince días al año, servicio que deberá ser pagado por los patrones capitalistas o el estado, cuando se trate de empleados del Estado o de desocupados o bien por los propios servidores cuando se trate de trabajadores por su cuenta.

6.- Mientras se consigue la aprobación de esta Ley, impulsar la creación y desarrollo de milicias populares en aquellos lugares en las condiciones se presten, como es el ejemplo en los pueblos de Guerrero;

7.- Hermanar esta lucha por la justicia para los estudiantes asesinados con la lucha de otras clases y grupos de la sociedad, explotados y/u oprimidos por el capital, como son los obreros, los campesinos pobres, y los indígenas, entre otros-

8.- Combatir, dentro del movimiento popular en demanda de justicia por el salvaje crimen cometido por el Estado burgués mexicano, las tendencias ESPONTANEÍSTAS IZQUIERDISTAS (saqueo de bienes públicos y/o privados, sin necesidad) y ESPONTANEÍSTAS DE DERECHA (rezos, etc.), pues tanto una como otra dañan severamente el movimiento.


Por el Partido Obrero Rojo
Gilfredo Verdugo Corral

Secretario General


domingo, 12 de octubre de 2014

Dos cruzados de Televisa en guerra santa contra los medios sociales

Javier Orozco Gómez y Javier Tejado Dondé, ambos funcionarios, voceros, editorialistas y representantes de Televisa, aplican firmemente en sus tareas al servicio de la empresa, la enseñanza goebbeliana de que “una mentira repetida mil veces, se hace verdad”, y aquella otra de “mientras más grande sea la mentira, más fácil es de creer”. Y usan con dedicación estas primitivas pero efectivas técnicas de periodismo fascista, para atacar a las radios indígenas y comunitarias.
El mes pasado, Javier Orozco publicó una columna  (“Un Ifetel de altibajos”, 16/Sept/14) en los muchos diarios a disposición de la empresa de la cual es alto empleado, con sus ya aburridas  acusaciones contra estas radios de “clandestinas”,  “chantajistas”, “chavistas”, etc., pero en realidad su alegato principal fue establecer una clara separación al interior de los medios sociales: la vieja, pero siempre útil, consigna: “Divide y vencerás”.  Las radios indígenas, avala Orozco, son buenas y es bueno que la Constitución sea “benevolente” con ellas. ¡Ah, pero las radios comunitarias –denuncia el mismo- están utilizando a las indígenas, y si han logrado inmiscuirse en la reforma, no es para cumplir una función social, sino con perversos fines políticos!
Por su parte, Tejado Dondé publicó otro editorial (El PRD entrando al “negocio” de la radio”, 7/oct/14) cuya esencia es colocar a los medios de uso social como meros  instrumentos al servicio de los futuros negocios y de la estrategia electoral del PRD. ¿Pruebas? Su palabra de alto funcionario de Televisa; eso y la credulidad del público, bastan para él. Y de ahí desprende la descalificación de cualquier intento por impugnar la ley de Radiodifusión y telecomunicaciones por sus múltiples violaciones y discriminación a los medios sociales.
Así de burda es la cruzada del dueto de Televisa: tratar de meter cizaña entre los medios indígenas y comunitarios para golpearlos mejor por separado, y tratar de hacerlos partícipes del desprestigio perredista, en busca de extender hacia ellos la desconfianza y el repudio de una ciudadanía harta del PRD y de todos los partidos registrados en general. Muy molesta, (pero también preocupada) debe estar la oligarquía radiofónica con los modestísimos avances de los medios sociales, como para encargar  esta sucia tarea a dos de sus cuadros de mayor confianza.
Y es que Javier Gómez Orozco, abogado general de Televisa, lleva 12 años representando los intereses de la empresa  en el seno del poder legislativo: dos veces como diputado y actualmente como senador; tuvo el dudoso mérito de ser el principal impulsor de la Ley Televisa, aprovechando sin pudor alguno su cargo como Presidente de la Comisión de Radio y Tv en 2006.
Javier Tejado, señalado como autor intelectual de la Ley televisa, fue por años Consejero propietario ante el Consejo Nacional de Radio y Tv, ni más ni menos que el órgano asesor del poder Ejecutivo en materia de radio y tv, supuesto espacio de reflexión sobre asuntos en materia de radiodifusión, donde la reflexión que predomina es sin duda alguna la del duopolio televisivo, pues de los diez asientos en dicho Consejo, cuando menos cinco los controlan Televisa y Tv Azteca. Por cierto, el suplente de Tejado Dondé y sucesor en este Consejo es Federico González Luna, también representante de la Cámara de la Industria de la Radio y la Tv, lo que no fue impedimento para que como diputado, se le asignara la Presidencia de la Comisión de Radio y Tv a pesar del flagrante conflicto de intereses. Miguel Orozco Gómez, hermano de Javier, es suplente de éste en la Cámara y no por casualidad es suplente también en el Consejo Nacional de Radio y Tv.
Jueces y parte, altos empleados del duopolio, miembros prominentes del poder legislativo y asesores del Ejecutivo federal, Gómez y Tejado han sido investidos por Televisa como sus cruzados en una desproporcionada guerra nada santa,
  contra los medios indígenas y comunitarios.
Si los cruzados del milenio anterior, escondían con sus piadosas consignas de rescate de los santos lugares  viles intereses económicos, estos dos modernos cruzados de ninguna manera pueden esconder los intereses que representan, y que algunos piensan se limitan al inmenso poder e influencia de Televisa. Habrá que recordar que en Televisa el Consejo de Administración lo comparte Azcárraga Jean con los hombres más ricos de México. Salvo Carlos Slim, ahí están Alberto Bailleres, el Diablo Fernández, Roberto Hernández, Fernando Senderos,  Claudio X. González y hasta hace poco el homicida industrial Germán Larrea, entre otros multimillonarios. Estos son los artífices de toda la política económica y social en México, que lleva por eso un inconfundible sello de clase. Y por increíble que parezca, a estos gigantes les preocupan y estorban los pequeños medios sociales. Por algo será.




martes, 29 de abril de 2014

La Pensión Universal y le elevación de pensiones, justa lucha en Monterrey de los obreros en retiro

Hoy por la mañana (29 de abril), cientos de pensionadas y pensionados de diferentes colonias proletarias del noroeste de Monterrey respondieron al llamado de la Asociación Civil "Tierra y Libertad" para:
1) Denunciar en el Pabellón Ciudadano las pensiones de miseria que devengan,
2) denunciar que esas miserables pensiones existen porque los patrones capitalistas registran a sus esclavos asalariados con salarios mínimos,
3) denunciar que si los patrones capitalistas pueden hacer eso, en abierta violación a la Ley Federal del tabajo y a la Ley del IMSS, es porque las autoridades del Trabajo y del IMSS se los permiten,
4) denunciar que Enrique Peña Nieto como candidato del PRI a la presidencia de la República se comprometió en el debate del 2012 a paliar la miseria de esas pensiones con "una pensión del retiro para todos los mexicanos", ¡pero dejó fuera a los pensionados!
5) anunciar que este movimiento sigue adelante, invitando a los presentes a sumarse, porque es de elemental
justicia exigir una vejez digna para quienes PRODUJERON DURANTE TODA UNA VIDA DE DURO TRABAJO LA RIQUEZA SOCIAL QUE EN MÉXICO SOLO UNOS CUANTOS DISFRUTAN.

Fotos: Maricela Boone Z


miércoles, 23 de abril de 2014

El mamotreto de Javier Lozano, una sentencia para las radios comunitarias e indígenas

El pesado mamotreto Javier Lozano – Peña – Televisa no tiene ninguna modificación que muestre que el Poder tomó en cuenta la propuesta de la Coalición Ciudadana o las demandas expresadas en los foros a favor de una ley secundaria justa y democrática, reglamentaria de la reforma constitucional en radiodifusión y telecomunicaciones. Mucho menos en lo concerniente a los medios sociales.
La larguísima introducción está por lo visto encaminada solamente a diluir la màs completa y equitativa iniciativa, la de la Coaliciòn Ciudadana, entre todas las otras,  amontonadas para demostrar que esta última era solo una más, por lo cual no merecía ser tomada en cuenta.
Todas las observaciones crìticas obre la iniciativa de Peña Nieto contra los medios sociales siguen presentes:
Para comenzar y como muestra, el  Art. 77 sigue sosteniendo que se requiere la opinión previa y favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras para los medios de uso público y social, poniendo con ello más trabas para el acceso a las frecuencias, al aumentar los injustos e inútiles requisitos administrativos.
En el Artículo 85, se exigen las mismas condiciones para la asignación de las concesiones para uso público o social, cuando obviamente no tiene la misma capacidad una comunidad indígena, rural o urbana pobre que una institución del gobierno;  es decir, impone un trato igual entre desiguales, contraviniendo el principio jurídico de igualdad ante la ley.  
Como en la ley anterior, se deja un amplio margen de discrecionalidad  en caso de no contestar en el plazo de 120 dìas hábiles; lo mismo se puede dejar permanentemente en el limbo a las solicitantes, que se podría aplicar la negativa ficta. Sobre esto, la iniciativa ciudadana planteó un plazo 90 dìas y en caso de no contestar, aplicar la afirmativa ficta.
En el Artículo 87, se exige presentar los requisitos establecidos en el artículo 85  "dentro del plazo fijado en el programa anual de uso y aprovechamiento de bandas de frecuencias". Este es un plazo arbitrario, no hay ninguna justificación al respecto.  
En dicho artículo se añadió exclusivamente para las radios indígenas este pàrrafo: El Instituto podrá establecer mecanismos de colaboración con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas u otras organizaciones, con el objeto de facilitar el otorgamiento de concesiones de uso social indígenas, pero no señala claramente que los medios de uso social para pueblos, comunidades indígenas o equiparables deben contar con un régimen simplificado con los mìnimos requisitos para acceder a las frecuencias.
 En el Artículo 89, respecto a la sostenibilidad de los medios de uso social, el Proyecto de Lozano solamente agrega esta ridícula disposición que autoriza:  

III. Venta de productos o servicios, acordes con su capacidad tanto legal como operativa, sin que se encuentre comprendida la emisión de mensajes comerciales y venta de publicidad;
Por lo que continùa privando en realidad a estos medios de cualquier apoyo con fondos públicos a pesar de su naturaleza y su función social, limitando arbitrariamente el acceso legal a otros recursos económicos como la comercialización en tiempo aire.
Mientras que a los medios públicos, financiados –valga la redundancia- con recursos públicos  se les permite además obtener recursos por “Proyectos de financiamiento y convenios de coinversión para la producción o difusión de contenidos afines a los objetivos del servicio”, a los de uso social que no tienen ningún apoyo no se les permita más que convenios de coinversión ¡con otro medios sociales! Es una violación indirecta a la libertad de expresión, al impedirles su desarrollo y crecimiento.
           
En el Artículo 90, respecto a nuestra demanda de reserva del 30 % del espacio radioelèctrico  para el otorgamiento de las concesiones de radiodifusión para uso social, tomando en cuenta las mejores pràcticas internacionales para el aprovechamiento del espectro por la utilidad que representan estos medios, el proyecto solo refiere que el Instituto... 
En el otorgamiento de las concesiones el Instituto favorecerá la diversidad y evitará la concentración nacional y regional de frecuencias.

Ya podemos suponer que la palabra “concentración” se refiere solo a los medios sociales y no a los comerciales, los nuestros serán cuidadosamente contabilizados y dispersados mientras los otros seguirán llenando el cuadrante. Ni una palabra sobre reducir el espacio a los 400 mHz.
En este artículo, en contra de lo dispuesto en el artículo 85 para el tiempo de respuesta a las solicitudes en un plazo de 120 dìas se señalan aquì 90 días hábiles, nuevamente sin especificar la situación de los solicitantes en caso de no dar respuesta en ese plazo,  dando pie a la arbitrariedad de plazos indefinidos o de plano a la negativa ficta.
Respecto a nuestra exigencia para que en la ley se confirme que en ningún caso se entenderá que los servicios de tipo social implican servicios de cobertura restringida, pues se definen por su finalidad pública y social y  no por el alcance de la emisión, el cual depende de la disponibilidad y planes de uso del espectro y la propuesta comunicacional de la emisora, ni una palabra, quedando también en esto completamente a merced de la discrecionalidad de las autoridades para seguirnos limitando a las mìnimas potencias.
Lo mismo sobre la exigencia de Amarc para suspender la criminalización y persecución de las radios sin permiso.
La nueva ley sentencia, pues, a nuestras radios indígenas y comunitarias a seguir siendo pocas, pobres, pequeñas y perseguidas. ¿Cabìa, en las condiciones actuales, esperar otra cosa?

No cabe duda: el Sr. Lozano, Peña Nieto y los poderosos intereses detrás de los monopolistas, nos empujan a luchar. Este espíritu de lucha està en la propia naturaleza de nuestros medios, si la ley no lo incluye en su definición, nosotros no debemos olvidarlo.

viernes, 28 de marzo de 2014

Hace 29 años, en T y L el primer debate de candidatos en la historia de NL

En 1982, Ignacio Staines Orozco, asesor de la AC Tierra y Libertad fue postulado candidato independiente a la Alcaldía de Monterrey por el Partido Rojo, partido sin registro legal.
Con esta candidatura, el Partido Rojo (luego Partido Obrero Rojo) y la AC Tierra y Libertad se proponían dar a conocer ante el pueblo trabajador del Estado por primera vez un auténtico programa de la clase obrera, aprovechando la campaña electoral para contrastar este programa con el de los demás partidos, representantes todos ellos con simple diferencia de matices, de los intereses de la clase dominante.  
Este programa incluía el aumento general de salarios y pensiones, jornada de 40 horas para toda la clase obrera, derecho al seguro del desempleo, alimentos, útiles y uniformes escolares gratuitos, mantenimiento de las escuelas a cargo del Estado y no de los padres, servicio médico gratuito para toda la población, respeto al voto libre y secreto en los sindicatos, etc.
El candidato independiente sostenía que el sueldo de toda persona electa para un cargo público o de representación popular, debía ser equivalente al de un obrero calificado, ¡ni un peso más! Debía además reconocerse el derecho de revocación de mandato, para que las y los electores pudieran retirar del cargo en cualquier momento por mayoría simple a quien no cumpliera con sus funciones.
Las candidaturas independientes que defendieron desde ese momento el Partido Rojo y la AC Tierra y Libertad eran además un reclamo por las vías de hecho contra la violación al derecho de las y los ciudadanos para ser votados, pues a pesar de estar reconocido constitucionalmente, las leyes electorales solo reconocían este derecho a los partidos registrados.
En 1985, nuevamente el Partido Obrero Rojo y la AC"Tierra y Libertad" postularon un candidato independiente con motivo de la elección de Gobernador, ahora el también asesor de la ACTyL Héctor Camero Haro, bajo los mismos principios de sostener un programa diferente por todo a los partidos registrados. 
La AC Tierra y Libertad  invitó a los candidatos y candidata a la gubernatura a sostener un debate en la Colonia Tierra y Libertad, evento impensable hasta entonces, en el marco de la celebración del 12 Aniversario de la fundación de Tierra y Libertad.  La lucha que sostenía el PAN de aquella época para ganar la primera gubernatura de un Estado con el capitalista Fernando Canales Clariond como su candidato con fuertes posibilidades de derrotar al anodino priista Jorge Treviño, lo llevó a aceptar la propuesta.
El 27 de marzo de 1985, se celebró el debate, con la participación de Canales Clariond por el PAN, Lázaro Cavazos Galván del PDM, Daniel Salazar del PRT y Héctor Camero, independiente por el Partido Rojo sin registro. Fue el primer debate entre partidos en la historia de Nuevo León. Es justo reconocer la defensa que hizo el periódico "El Porvenir", dirigido por el periodista Jesús Cantú Escalante, en aquel entonces el único periódico capaz de competir con "El Norte", del derecho de la ciudadanía a postularse con las candidaturas independientes. Sin embargo, los votos en favor de esta nunca fueron contabilizados.
El año 2004, con una amplia experiencia ya en la participación con candidaturas independientes, los asesores de la AC "Tierra y Libertad" junto con personas democráticas de Nuevo León presentaron una iniciativa de ley para la aprobación de dichas candidaturas, iniciativa que fue rechazada por la aplanadora priista, pero que vale la pena confrontar con los proyectos que ahora han venido supuestamente a dar por fin cauce legal a esta demanda ciudadana por una amplia democracia electoral. Marcaremos esta diferencia en un próximo escrito.

viernes, 7 de marzo de 2014

En Veracruz el Estado mexicano no detiene los asesinatos de periodistas, sólo detiene a operadores de radios comunitarias

·         * Amarc-Mx exige el cese de los procesos penales que criminalizan la libre expresión.
·         * Preocupante el uso de procesos penales para acallar a quienes abren sus propios medios de comunicación

México, D.F., a 7 de marzo de 2014.- El pasado martes mediante una caución de 25,000 pesos (1,900 dls aproximadamente) fue liberada la comunicadora comunitaria Alma Delia Olivares Castro, sin embargo el proceso penal en su contra continúa.
Alma fue detenida el pasado viernes 28 de febrero y trasladada desde Veracruz hasta el penal federal femenil de mediana seguridad El Rincón ubicado en Tepic, Nayarit. Luego de permanecer 5 días encarcelada su familia pagó la fianza y podrá seguir su proceso penal en libertad.
Los cargos iniciales fueron por contaminación auditiva, un delito inexistente en la legislación mexicana y posteriormente reclasificados al delito de uso indebido de un bien de la nación.
Cabe resaltar que el cierre de la radio fue resultado de un procedimiento administrativo contemplado en la Ley Federal de Radio y Televisión y que tiene como sanción la imposición de una multa, que en este caso fue por 29,000 pesos, mismos que fueron pagados para dar por concluido el procedimiento.
De desprenderse que el proceso penal por el cual fue encarcelada recientemente Alma Delia es resultado del cierre de la radio, significaría que hay una grave violación a sus derechos humanos, concretamente al debido proceso, pues nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.
La Amarc-Mx rechaza categóricamente el uso abusivo del derecho penal para sancionar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión pues las radios comunitarias, como lo ha señalado la ONU, son medios que posibilitan que las comunidades se expresen y contribuyen a la construcción de la democracia en el país.
Alma se suma a Paola Ochoa, Juan José Hernández Andrade de Paso del Macho, Veracruz; Héctor Camero de Monterrey, Nuevo León y una larga lista de comunicadores y comunicadoras comunitarias con procesos penales en su contra por atreverse a abrir su propio medio de comunicación.
Casos que demuestran que en México la libertad de expresión solo puede sobrevivir bajo un acecho constante.

María Eugenia Chávez Fonseca
Coordinadora de la Oficina Ejecutiva en México


                                                                                                                                                                                                                                Gisela Martínez. Jurídico   
                                                                                                                       AMARC-México 

                                                                                                                      Tel.: 56 72 49 61                                                                                           

miércoles, 19 de febrero de 2014

Radios Comunitarias: a 4 años de la última entrega de permisos

Hace 4 años, el 19 de febrero de 2010, el segundo grupo de Radios Comunitarias promovido por Amarc México para obtener el permiso de transmisión ante la Cofetel, logró vencer la pesada resistencia combinada de trabas burocráticas e intereses económicos, para recibir por fin los documentos que autorizan el acceso al espectro radio eléctrico sin la zozobra de las amenazas de despojo del equipo, del cierre de las radios y hasta del castigo penal por hacer uso del derecho de libre expresión, información y comunicación.
Radio Xalli, de Palmar de Bravo, Radio Tepoztlán, de Tepoztlán, Mor., Radio Evolución, de Otumba, EdoMex, Radio Rélax, de Cd. Neza, EdoMex, Zaachila Radio de Zaachila, Oax. y Radio Tierra y Libertad de Monterrey, N.L., fuimos los convocados.
Era la culminación de muchos esfuerzos, de ilusiones que parecían desvanecerse al convertirse los días de espera en años, de la tentación por arriesgar el resto ante la arrogante negligencia de la burocracia. Para materializar esos esfuerzos, la labor de la Oficina, con la paciente asesoría, acompañamiento y gestión del Jurídico y el empeño y compromiso de Aleida Calleja, no pueden ni deben olvidarse.
Sin embargo, en esta segunda autorización, el Estado mexicano impuso una muestra palpable del trato discriminatorio y déspota que le han caracterizado frente a las luchas populares. Si no puede negarse totalmente a reconocer los derechos ganados a pulso por la ciudadanía, sí puede limitarlos al mínimo posible, hasta hacerlos casi desparecer.

Así, de las seis radios permisionadas el 19 de febrero, todas, excepto Xalii con 300 watts, recibimos permisos con bajísimas potencias: R. Tepoztlán 164 y las cuatro restantes sólo 20 watts de potencia total. En el primer grupo, de 10 radios permisionadas, solo dos recibieron potencias
menores  a 200 watts: Cultural y Ecos de Manantlán, con 150 watts cada una; en cambio cuatro tuvieron permisos para transmitir con 500 y 1000 watts..
La pertenencia a una red, entre otras ventajas, debe traducirse en una permanente solidaridad para no permitir esas desigualdades, a menos, claro está, que los solicitantes -por el motivo que sea- decidan que aspiran a una potencia reducida. En el evento mismo del 2010, Adán López de Zaachila Radio expresó la inconformidad de los presentes, pero el organismo colectivo no hizo ninguna declaración sobre este trato injusto.
De eso se trata en la actual situación, en vísperas de una discusión y aprobación de una ley secundaria que no llega: de manifestar expresamente nuestra oposición a que se siga discriminando a las radios comunitarias e indígenas con bajas potencias, de defender la demanda de reserva del 30 % del espectro para las concesiones sociales, con requisitos técnicos y económicos accesibles y equitativos, de manera que las solicitudes sean resueltas en plazos razonablemente breves, comenzando con quienes tienen ya sus expedientes completos y sufren, otra vez, la despótica fila de espera.

Se trata también de fortalecer la sustentabilidad de estas radios, exigiendo  que al reconocimiento de su función social corresponda el apoyo con fondos públicos y el derecho a la publicidad sin carácter de lucro, sin pretender atentar por ello contra el carácter  independiente y la autonomía de los colectivos; se trata, en fin, de erradicar la actual criminalización del derecho de libre expresión mediante la aplicación de la Ley General de Bienes Nacionales contra las y los radialistas que transmiten sin autorización, dirigiendo el proceso hacia la regularización y no a la desaparición y castigo de estas radios si cumplen con el perfil que exige la ley.
En resumen: no solo por lo que han hecho con (contra) nosotros, sino por la visión estratégica que amerita el tardío pero ya declarado reconocimiento del sector social,  por todos los medios a nuestro alcance, comenzando con nuestros propios espacios, a través de spots, programas especiales, audios compartidos, etc., y apoyándonos en los defensores sinceros de los derechos de libre expresión, información y comunicación,  nuestras demandas por una ley democrática debían enfocarse en este sentido: no más comunitarias e indígenas *pequeñas* por bajas potencias arbitrarias; no más comunitarias e indígenas *pobres* por falta de financiamiento público y privado; no más comunitarias e indígenas *pocas*, por requisitos inalcanzables, sino apertura a cientos de estas radios para conformar un activo sector social de la comunicación en todo el territorio nacional, y no más comunitarias *perseguidas o penalizadas*.
Los enemigos de la libertad de expresión del pueblo nos han limitado al mínimo, pero nuestra razón y el potencial popular son muy grandes, no  nos limitemos nosotros mismos.