viernes, 28 de marzo de 2014

Hace 29 años, en T y L el primer debate de candidatos en la historia de NL

En 1982, Ignacio Staines Orozco, asesor de la AC Tierra y Libertad fue postulado candidato independiente a la Alcaldía de Monterrey por el Partido Rojo, partido sin registro legal.
Con esta candidatura, el Partido Rojo (luego Partido Obrero Rojo) y la AC Tierra y Libertad se proponían dar a conocer ante el pueblo trabajador del Estado por primera vez un auténtico programa de la clase obrera, aprovechando la campaña electoral para contrastar este programa con el de los demás partidos, representantes todos ellos con simple diferencia de matices, de los intereses de la clase dominante.  
Este programa incluía el aumento general de salarios y pensiones, jornada de 40 horas para toda la clase obrera, derecho al seguro del desempleo, alimentos, útiles y uniformes escolares gratuitos, mantenimiento de las escuelas a cargo del Estado y no de los padres, servicio médico gratuito para toda la población, respeto al voto libre y secreto en los sindicatos, etc.
El candidato independiente sostenía que el sueldo de toda persona electa para un cargo público o de representación popular, debía ser equivalente al de un obrero calificado, ¡ni un peso más! Debía además reconocerse el derecho de revocación de mandato, para que las y los electores pudieran retirar del cargo en cualquier momento por mayoría simple a quien no cumpliera con sus funciones.
Las candidaturas independientes que defendieron desde ese momento el Partido Rojo y la AC Tierra y Libertad eran además un reclamo por las vías de hecho contra la violación al derecho de las y los ciudadanos para ser votados, pues a pesar de estar reconocido constitucionalmente, las leyes electorales solo reconocían este derecho a los partidos registrados.
En 1985, nuevamente el Partido Obrero Rojo y la AC"Tierra y Libertad" postularon un candidato independiente con motivo de la elección de Gobernador, ahora el también asesor de la ACTyL Héctor Camero Haro, bajo los mismos principios de sostener un programa diferente por todo a los partidos registrados. 
La AC Tierra y Libertad  invitó a los candidatos y candidata a la gubernatura a sostener un debate en la Colonia Tierra y Libertad, evento impensable hasta entonces, en el marco de la celebración del 12 Aniversario de la fundación de Tierra y Libertad.  La lucha que sostenía el PAN de aquella época para ganar la primera gubernatura de un Estado con el capitalista Fernando Canales Clariond como su candidato con fuertes posibilidades de derrotar al anodino priista Jorge Treviño, lo llevó a aceptar la propuesta.
El 27 de marzo de 1985, se celebró el debate, con la participación de Canales Clariond por el PAN, Lázaro Cavazos Galván del PDM, Daniel Salazar del PRT y Héctor Camero, independiente por el Partido Rojo sin registro. Fue el primer debate entre partidos en la historia de Nuevo León. Es justo reconocer la defensa que hizo el periódico "El Porvenir", dirigido por el periodista Jesús Cantú Escalante, en aquel entonces el único periódico capaz de competir con "El Norte", del derecho de la ciudadanía a postularse con las candidaturas independientes. Sin embargo, los votos en favor de esta nunca fueron contabilizados.
El año 2004, con una amplia experiencia ya en la participación con candidaturas independientes, los asesores de la AC "Tierra y Libertad" junto con personas democráticas de Nuevo León presentaron una iniciativa de ley para la aprobación de dichas candidaturas, iniciativa que fue rechazada por la aplanadora priista, pero que vale la pena confrontar con los proyectos que ahora han venido supuestamente a dar por fin cauce legal a esta demanda ciudadana por una amplia democracia electoral. Marcaremos esta diferencia en un próximo escrito.

viernes, 7 de marzo de 2014

En Veracruz el Estado mexicano no detiene los asesinatos de periodistas, sólo detiene a operadores de radios comunitarias

·         * Amarc-Mx exige el cese de los procesos penales que criminalizan la libre expresión.
·         * Preocupante el uso de procesos penales para acallar a quienes abren sus propios medios de comunicación

México, D.F., a 7 de marzo de 2014.- El pasado martes mediante una caución de 25,000 pesos (1,900 dls aproximadamente) fue liberada la comunicadora comunitaria Alma Delia Olivares Castro, sin embargo el proceso penal en su contra continúa.
Alma fue detenida el pasado viernes 28 de febrero y trasladada desde Veracruz hasta el penal federal femenil de mediana seguridad El Rincón ubicado en Tepic, Nayarit. Luego de permanecer 5 días encarcelada su familia pagó la fianza y podrá seguir su proceso penal en libertad.
Los cargos iniciales fueron por contaminación auditiva, un delito inexistente en la legislación mexicana y posteriormente reclasificados al delito de uso indebido de un bien de la nación.
Cabe resaltar que el cierre de la radio fue resultado de un procedimiento administrativo contemplado en la Ley Federal de Radio y Televisión y que tiene como sanción la imposición de una multa, que en este caso fue por 29,000 pesos, mismos que fueron pagados para dar por concluido el procedimiento.
De desprenderse que el proceso penal por el cual fue encarcelada recientemente Alma Delia es resultado del cierre de la radio, significaría que hay una grave violación a sus derechos humanos, concretamente al debido proceso, pues nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.
La Amarc-Mx rechaza categóricamente el uso abusivo del derecho penal para sancionar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión pues las radios comunitarias, como lo ha señalado la ONU, son medios que posibilitan que las comunidades se expresen y contribuyen a la construcción de la democracia en el país.
Alma se suma a Paola Ochoa, Juan José Hernández Andrade de Paso del Macho, Veracruz; Héctor Camero de Monterrey, Nuevo León y una larga lista de comunicadores y comunicadoras comunitarias con procesos penales en su contra por atreverse a abrir su propio medio de comunicación.
Casos que demuestran que en México la libertad de expresión solo puede sobrevivir bajo un acecho constante.

María Eugenia Chávez Fonseca
Coordinadora de la Oficina Ejecutiva en México


                                                                                                                                                                                                                                Gisela Martínez. Jurídico   
                                                                                                                       AMARC-México 

                                                                                                                      Tel.: 56 72 49 61                                                                                           

miércoles, 19 de febrero de 2014

Radios Comunitarias: a 4 años de la última entrega de permisos

Hace 4 años, el 19 de febrero de 2010, el segundo grupo de Radios Comunitarias promovido por Amarc México para obtener el permiso de transmisión ante la Cofetel, logró vencer la pesada resistencia combinada de trabas burocráticas e intereses económicos, para recibir por fin los documentos que autorizan el acceso al espectro radio eléctrico sin la zozobra de las amenazas de despojo del equipo, del cierre de las radios y hasta del castigo penal por hacer uso del derecho de libre expresión, información y comunicación.
Radio Xalli, de Palmar de Bravo, Radio Tepoztlán, de Tepoztlán, Mor., Radio Evolución, de Otumba, EdoMex, Radio Rélax, de Cd. Neza, EdoMex, Zaachila Radio de Zaachila, Oax. y Radio Tierra y Libertad de Monterrey, N.L., fuimos los convocados.
Era la culminación de muchos esfuerzos, de ilusiones que parecían desvanecerse al convertirse los días de espera en años, de la tentación por arriesgar el resto ante la arrogante negligencia de la burocracia. Para materializar esos esfuerzos, la labor de la Oficina, con la paciente asesoría, acompañamiento y gestión del Jurídico y el empeño y compromiso de Aleida Calleja, no pueden ni deben olvidarse.
Sin embargo, en esta segunda autorización, el Estado mexicano impuso una muestra palpable del trato discriminatorio y déspota que le han caracterizado frente a las luchas populares. Si no puede negarse totalmente a reconocer los derechos ganados a pulso por la ciudadanía, sí puede limitarlos al mínimo posible, hasta hacerlos casi desparecer.

Así, de las seis radios permisionadas el 19 de febrero, todas, excepto Xalii con 300 watts, recibimos permisos con bajísimas potencias: R. Tepoztlán 164 y las cuatro restantes sólo 20 watts de potencia total. En el primer grupo, de 10 radios permisionadas, solo dos recibieron potencias
menores  a 200 watts: Cultural y Ecos de Manantlán, con 150 watts cada una; en cambio cuatro tuvieron permisos para transmitir con 500 y 1000 watts..
La pertenencia a una red, entre otras ventajas, debe traducirse en una permanente solidaridad para no permitir esas desigualdades, a menos, claro está, que los solicitantes -por el motivo que sea- decidan que aspiran a una potencia reducida. En el evento mismo del 2010, Adán López de Zaachila Radio expresó la inconformidad de los presentes, pero el organismo colectivo no hizo ninguna declaración sobre este trato injusto.
De eso se trata en la actual situación, en vísperas de una discusión y aprobación de una ley secundaria que no llega: de manifestar expresamente nuestra oposición a que se siga discriminando a las radios comunitarias e indígenas con bajas potencias, de defender la demanda de reserva del 30 % del espectro para las concesiones sociales, con requisitos técnicos y económicos accesibles y equitativos, de manera que las solicitudes sean resueltas en plazos razonablemente breves, comenzando con quienes tienen ya sus expedientes completos y sufren, otra vez, la despótica fila de espera.

Se trata también de fortalecer la sustentabilidad de estas radios, exigiendo  que al reconocimiento de su función social corresponda el apoyo con fondos públicos y el derecho a la publicidad sin carácter de lucro, sin pretender atentar por ello contra el carácter  independiente y la autonomía de los colectivos; se trata, en fin, de erradicar la actual criminalización del derecho de libre expresión mediante la aplicación de la Ley General de Bienes Nacionales contra las y los radialistas que transmiten sin autorización, dirigiendo el proceso hacia la regularización y no a la desaparición y castigo de estas radios si cumplen con el perfil que exige la ley.
En resumen: no solo por lo que han hecho con (contra) nosotros, sino por la visión estratégica que amerita el tardío pero ya declarado reconocimiento del sector social,  por todos los medios a nuestro alcance, comenzando con nuestros propios espacios, a través de spots, programas especiales, audios compartidos, etc., y apoyándonos en los defensores sinceros de los derechos de libre expresión, información y comunicación,  nuestras demandas por una ley democrática debían enfocarse en este sentido: no más comunitarias e indígenas *pequeñas* por bajas potencias arbitrarias; no más comunitarias e indígenas *pobres* por falta de financiamiento público y privado; no más comunitarias e indígenas *pocas*, por requisitos inalcanzables, sino apertura a cientos de estas radios para conformar un activo sector social de la comunicación en todo el territorio nacional, y no más comunitarias *perseguidas o penalizadas*.
Los enemigos de la libertad de expresión del pueblo nos han limitado al mínimo, pero nuestra razón y el potencial popular son muy grandes, no  nos limitemos nosotros mismos.

viernes, 14 de febrero de 2014

Efraín Calderón Lara: a 40 años de su asesinato, su ejemplo más vivo que nunca

Hay nombres de personas que deben ser protegidos contra el olvido. Perderlos de la memoria colectiva significa la pérdida no solo de individuos ejemplares, sino de épocas completas de esfuerzos ingentes y esperanzas y logros de las masas, épocas que en perspectivas no son sino destellos, pero precisamente por ello siempre pueden servir para iluminar oscuros momentos como los actuales.
A esa categoría pertenece la memoria de Efraín Calderón Lara. Ejemplo del universitario que entrega sus conocimientos al servicio del pueblo, Calderón Lara, joven egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán realizó una infatigable labor de organización, asesoría y acompañamiento a las luchas de las y los trabajadores de aquel Estado en los agitados años de la insurgencia sindical mexicana.
En su corta pero intensa vida profesional, fue el organizador de los sindicatos independientes de conductores de autobuses, de trabajadores de las gasolineras, de zapateros y panaderos, de los estibadores de las tiendas Conasupo y de los empleados de la Universidad Autónoma de Yucatán; dedicó sus mayores esfuerzos a los trabajadores más indefensos y empobrecidos como eran los de la industria de la construcción, y aún se dio tiempo para asesorar en sus múltiples problemas a los colonos de los barrios proletarios de la capital y sus alrededores.
Eran los años del mayor poder de las mafias sindicales, representadas en Yucatán por los líderes vende-obreros de la CTM y la CROC; éstas, junto con los voraces patrones capitalistas y su representante en el Gobierno estatal, en aquel entonces Carlos Loret de Mola, veían ya en la actividad de Calderón Lara un peligro mortal para sus intereses.
Intentaron primero comprarlo, ofreciéndole jugosos bienes materiales, luego importantes cargos, cañonazos que se estrellaron en la incorruptible honestidad del joven abogado apodado “El Charras” por sus camaradas.
Calderón Lara pudo advertir que el odio de quienes se sentían afectados por su labor había llegado a extremos de desesperación. Presintiendo un riesgo inminente, escribió a su madre:
 ““El Gobernador ha intentado convencerme de que abandone mi causa, primero mediante puestos oficiales y después mediante cohechos. Como he rechazado unos y otros ha recurrido a las presiones y las amenazas. Creo que ahora el Gobernador se dispone a atacarme directamente. El es periodista, no político. Sus puestos los ha logrado  mediante su pluma a veces obsequiosa, a veces venenosa, según sea el caso y su conveniencia personal. Todos saben que cambia sin ningún escrúpulo de camiseta y que no tiene más convicción que la de sus intereses. Ahora lo presionan por varios frentes y no sabe qué rumbo tomar. Es temeroso, es inseguro. Eso me alarma más pues nunca sabes cómo va a reaccionar ese tipo de gente”.
La madrugada del 13 de febrero de 1974, Efraín Calderón Lara fue secuestrado por elementos de Seguridad pública del Estado y sometido a brutales torturas, que incluyeron golpes hasta desfigurarlo, quemaduras de cigarrillos y heridas con picahielos en todas partes del cuerpo, mutilación de los testículos, hasta ultimarlo de un disparo en la cabeza.
Su cuerpo fue encontrado varios días después y el día 20 de febrero sepultado en medio de una multitud indignada de miles de trabajadores, estudiantes de la UAY y hombres y mujeres del pueblo sencillo que exigían el castigo a los culpables y la caída del Gobernador. El estudiantado de la Universidad se lanzó a un paro que se extendió por dos meses, hasta obligar al gobernador Loret de Mola a enviar a prisión como presuntos responsables a los directivos y agentes de la Dirección de Seguridad Pública, mientras escurrían el bulto los verdaderos culpables a los ojos de la población: los dueños de dos empresas de la construcción, los líderes de la CTM y la CROC y el propio gobernador.

A 40 años de su muerte, se preparan en Yucatán homenajes en memoria de este combativo y solidario universitario. Su lucha comprometida hasta la muerte debe ser conocida y recordada por todo lo que haya de digno en todos los rincones del territorio mexicano.

Datos consultados en: Echeverría V., Pedro (1999): El gobierno de Loret y el asesinato del "Charras" Revista Latina de Comunicación Social, 14. http://www.ull.es/publicaciones/latina/a1999c/132echeve.htm

jueves, 13 de febrero de 2014

Ni el frío ni la lluvia congelaron la ardiente exigencia de ¡Pensión universal!

400 trabajadoras y trabajadores en retiro convocadas por la AC "Tierra y Libertad" desafiaron el pasado 11 de febrero uno de los peores días del invierno regiomontano para continuar el movimiento en demanda de la PENSIÓN UNIVERSAL prometida por el candidato Enrique Peña Nieto durante el debate del 6 de mayo de 2012, incumplida por el Presidente Peña Nieto ya apoltronado en la silla presidencial.

Otros tantos, o quizás más, sí tuvieron que abrir el paréntesis para evitar sufrir los riesgos por la precaria salud de los cuerpos ya cansados por toda una vida de duro trabajo, pero advierten: ¡pronto tomaremos nuestro sitio en la batalla!
Por tercera ocasión el elegante vestíbulo  del Condominio Acero, donde se ubican las oficinas de Sedesol federal, se vio colmado por una multitud que contrastaba por su digna pobreza con el lujoso entorno y el tufo a burocracia y a negocios.
Y por segunda ocasión, el Delegado federal Pablo Elizondo García eludió hacer frente a  la demanda. En verdad. un funcionario que gana en un solo día el equivalente al doble de la pensión con la cual un trabajador en retiro debe tratar de resolver sus necesidades básicas durante todo un mes,  nada puede argumentar que pueda someter en la resignación al pensionado.
No sólo eso. La aceptación por la Sedesol Federal de los pensionados y pensionadas en los límites inferiores a 1, 092 pesos  mensuales dentro del programa 65 y Más, implica ya de por sí un primer paso todavía muy restringido, pero un paso al fin, hacia el objetivo de abrir la puerta a todas y todos los pensionados, sin ninguna condición que no sea la de contar con 65 años cumplidos.
México es un país con las jornadas de trabajo más extensas y más mal pagadas del mercado capitalista internacional; sus pensiones que apenas abarcan a un tercio de la población laboriosa son una vergüenza, reflejo a su vez de las condiciones de estricto control a la que se ve sometida la clase obrera mexicana por la triada infernal: patrones, líderes vende-obreros y gobierno.

La compensación a las pensiones miserables con los programas de apoyo estatal y federal no representa  sino la devolución de una ínfima parte de la riqueza social que millones de trabajadoras y trabajadores rinden diariamente a lo largo de  su vida productiva. La pensión por edad, a todas y todos los mayores de 65 años deben aplicarse sin más demora, eliminando el injusto y discriminatorio requisito de no contar con alguna pensión. 

viernes, 31 de enero de 2014

Ni pocas, ni pequeñas, ni pobres, ni penalizadas: la ley secundaria debe acabar con la discriminación de las radios comunitarias e indígenas

El próximo 4 de febrero inicia el período de sesiones de la Cámara de Diputados, y al parecer, en éste sí tendrá lugar la discusión y aprobación de la Ley Secundaria de Radiodifusión y Telecomunicaciones que no vio la luz en su fecha original que tenía por límite el 9 de diciembre próximo pasado.
Indudablemente, la atención de la mayoría de los medios, de los analistas y del público guiado por ellos, estará enfocada a las disposiciones que puedan afectar o favorecer los intereses de los grandes consorcios capitalistas que han levantado poderosos emporios al monopolizar los mercados de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Multitud de medianos y pequeños inversionistas exigen un lugar en el reparto, a nombre de la libre competencia y, por qué no, de la democratización de los medios.
Esa atención concentrada en el destino del sector económicamente más productivo de las más importantes herramientas de la comunicación moderna pudiera derivar, por el contrario, en una flojedad o peor aún, en una interesada parcialidad legislativa que en la reglamentación sofoque al apenas recién reconocido sector de uso social de la comunicación, que incluye a los medios comunitarios e indígenas.
Para nadie es un secreto la irreductible oposición que el oligopolio radiofónico mantuvo a través de su Cámara contra cualquier rendija legislativa o política que abriera una posibilidad de que se colaran los medios sociales; a mayor empuje de éstos correspondió una campaña más enconosa de aquéllos y la persecución obsecuente del Estado. Los capitalistas privados, que exigen limitar los privilegios de los grandes monopolistas del ramo, siguen viendo en los medios sociales a competidores que son una amenaza  para sus negocios. Y mantienen aún una activa representación en el Congreso.
De ahí la necesidad de que quienes comprendan la relevancia del arribo cada vez mayor al uso de la radiodifusión y las telecomunicaciones por las más amplias capas de la sociedad y en particular por quienes crónicamente han sido privados de la posibilidad de hacer oír sus carencias, sus  reclamos, su visión de una sociedad diferente, se mantengan atentos a este capítulo de la lucha por una auténtica democratización de los medios.

Escribió Aleida Calleja en “Con permiso”, su historia de las radios comunitarias de México, sobre la prejuiciosa tendencia a minimizar las radios comunitarias con las características de “las tres P”: pocas, pobres y pequeñas, a las que ahora agregamos una cuarta: penalizadas, pues hasta la primera edición de Con permiso (2005) no utilizaba el Estado contra ellas la criminalización a través de la aplicación de la Ley de Bienes Nacionales; de acuerdo a la Ley de Radiodifusión consideraba una infracción y no un delito el uso del espectro sin permiso.
La iniciativa democrática de Ley Secundaria presentada por AMEDI y adicionada por AMARC México, justamente se enfoca a echar abajo esos prejuicios que de mantenerse en la legislación secundaria harían de las concesiones de uso social una caricatura e invalidarían en los hechos las libertades de expresión, información y comunicación de las grandes mayorías de este país.
Las radios comunitarias e indígenas son pocas porque se les han exigido requisitos técnicos y financieros inaccesibles, además de la absoluta discrecionalidad de las autoridades en el otorgamiento de las concesiones. La nueva ley debe establecer un  régimen simplificado y condiciones accesibles, dando preferencia a la calidad del carácter social de los proyectos; atendiendo al papel que estos medios representan para el desarrollo material y cultural de las comunidades, para la construcción de ciudadanía y para la vida democrática del país, deben protegerse y más aún, fomentarse, disponiendo para estos medios una reserva del 30 por ciento del espacio radioeléctrico. La ley secundaria debe además saldar la deuda histórica con los pueblos originarios, creando las condiciones para hacer valer los preceptos contenidos en el Art. 2 Constitucional.

Las radios comunitarias e indígenas son pobres porque el Estado, cuando no las ha podido desaparecer, ha procurado dejarlas morir por inanición, pues no solo se trata de operarlas en calidad de voluntariado, sino de mantener equipo, instalaciones y servicios y cumplir con los requisitos del permiso, costos que muchas veces acaban por ahogar las mejores voluntades. La ley secundaria debe contemplar el financiamiento con fondos públicos, que son generados por el propio pueblo trabajador y por lo tanto deben aplicarse con pleno respeto a la línea editorial y a la autonomía de los colectivos, así como permitir la venta de publicidad y otras fuentes legales de financiamiento sin que ello signifique búsqueda de lucro, para garantizar la operación, funcionamiento y mantenimiento de las radios, su capacitación y equipamiento  adecuado.
Las radios comunitarias e indígenas han sido condenadas a ser pequeñas, en la mayoría de los casos no por elección de sus colectivos, sino por la arbitraria y discriminatoria decisión delas autoridades. Radio Tierra y Libertad solicitó el permiso legal con justificación del perito para una radio de 500 watts de potencia. Sin embargo, la Cofetel nos autorizó 20, lo mismo que a las radios hermanas de Zaachila. Oax., Otumba. y Relax de Cd. Neza. Por ningún  motivo la ley secundaria debe admitir ese trato hacia las concesiones sociales, subsanando los fallos cometidos y evitando asignaciones arbitrarias de bajas potencias en contra de lo dispuesto por los estándares internacionales aceptados por el Gobierno mexicano.
Las radios comunitarias e indígenas han sido penalizadas porque fueron empujadas a trabajar fuera de los marcos legales por omisión del propio legislador, lo que no obstó para que la persecución llegara hasta la penalización, con la aplicación de la Ley de Bienes Nacionales, lo cual, denuncia Amarc, constituye un castigo desproporcional y equivale a criminalizar la libertad de expresión, por lo cual demanda la eliminación de la pena de cárcel y se considere solo como infracción la operación de estaciones de radiodifusión o telecomunicaciones sin concesión.

 La reglamentación de las concesiones sociales será el mejor termómetro para medir la voluntad de avanzar o no, en la democratización de los medios. Las razones para el optimismo a este respecto no descansan en ningún cuerpo legislativo, sino en el despertar del interés  y la conciencia de los miembros de las comunidades indígenas, rurales y urbanas por escuchar a sus semejantes y por hacer oír su palabra.

sábado, 7 de diciembre de 2013

ORGANIZACIONES DENUNCIAN AL ESTADO MEXICANO POR CASO DE LA RADIO COMUNITARIA RADIO TIERRA Y LIBERTAD

México, 5 de diciembre de 2013


La Red de Radios Comunitarias, A.C./AMARC México y el Observatorio Mexicano de Derechos Humanos A.C. (OMDHAC) denunciaron al Estado Mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violaciones a los derechos humanos en contra de la radiodifusora comunitaria “Radio Tierra y Libertad” de Monterrey, Nuevo León.

Los hechos se remontan al 6 de junio de 2008, cuando al término de la transmisión del programa de “Los pequeños locutores”, donde niños de la comunidad conversaban acerca de sus derechos, más de 250 policías federales con armas largas irrumpieron en la radio para desmantelarla y clausurarla a consecuencia de una denuncia de la Secretaría de Gobernación que originó la averiguación previa 83/UEIDAPLE/2/2008.

Es importante recordar que desde el 8 de noviembre de 2002, los integrantes de la radio comunitaria habían presentado una solicitud para que se les concediera el permiso de transmitir. Pero ante la ausencia de una respuesta efectiva por parte de las autoridades, decidieron seguir con las transmisiones en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.

Para casos de radios que operan sin permiso, la autoridad aplica de manera arbitraria y discriminatoria ya sean sanciones administrativas o penales sin que hasta la fecha sean claros los criterios de decisión.

El 29 de octubre de 2010 el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León condenó a Héctor Camero Haro a dos años de prisión (con beneficios de condena condicional). El caso llegó hasta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pero sin que se pudieran obtener beneficios para la radio comunitaria.

Para la comunidad de Tierra y Libertad la importancia de la radio comunitaria es tal que insistieron en obtener un permiso de transmisión y a pesar de las falencias de la Ley Federal de Radio y Televisión finalmente pudieron salir al aire en la frecuencia de 98.5 de FM, pero con potencia reducida.

Para los abogados que llevan el caso, Gisela Martínez de AMARC MÉXICO y Carlos Treviño Vives de OMDHAC, existieron diversas violaciones a los derechos humanos: libertad de expresión (por el cierre y el permiso en baja potencia), debido proceso (por la aplicación desproporcionada y abusiva del derecho penal), derecho de igualdad (por el trato discriminatorio que ha sufrido la radio), entre otros.

De acuerdo al reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión tendrá que hacer una revisión inicial para decidir la admisibilidad del caso. De ser así, el caso pasará al procedimiento sobre el fondo donde los peticionarios y el Estado presentarán las observaciones que consideren pertinentes y de ser necesario apelaran a la máxima instancia que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


Para mayor información escribir a:
Carlos Treviño - OMDHAC
Gisela Martínez – AMARC-Mx
María Eugenia Chávez Fonseca

Tel: 55 56724961